Educación suspende la evaluación externa tras escuchar a los directores y las familias
La Consejería de Educación ha decidido suspender la evaluación externa encargada a la Fundación Europea Sociedad y Educación y destinar el coste previsto a proyectos dirigidos a alumnos con discapacidad.
El departamento que dirige Miguel Angel Serna ha tomado esta decisión tras las reuniones que ha mantenido con los representantes de las Asociaciones de Padres y Madres (FAPA y CONCAPA) y con los Comités de Directores de Educación Secundaria y Educación Infantil y Primaria de centros públicos para conocer su opinión sobre la conveniencia de realizar dicha evaluación.
La Consejería de Educación asegura en un comunicado que los citados representantes han manifestado su “disposición favorable” a la realización de evaluaciones externas, si bien han propuesto que la prueba prevista “no se realice en este momento”.
Según el Gobierno, los representantes de los directores comparten el objetivo de la Consejería de que la prueba externa propuesta “permita hacer comparables temporalmente los datos obtenidos de la evaluación de diagnóstico censal existente a partir de la escala de valoración internacional PISA”.
No obstante, en su calidad de órgano de asesoramiento, han propuesto que la prueba “no se celebre en estos momentos por la coincidencia en este año con las pruebas PISA, además de con la propia evaluación de diagnóstico y la evaluación de fin de curso”. Por otra parte, han señalado problemas técnicos (de conectividad informática), puestos de manifiesto en el proceso de preparación de la prueba.
La Consejería ha insistido a los padres y directores sobre “el carácter muestral de la prueba, que no permite ni pretende realizar rankings de los centros”. En todo caso, ante la opinión de los representantes de las familias y directores, la Consejería ha acordado suspender la aplicación de la prueba “este curso”.
Asimismo se ha decidido que se destine la cuantía de la financiación prevista para la evaluación externa a programas y proyectos de atención al alumnado con necesidades educativas especiales, en especial alumnos con discapacidad.
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Estudiantes de la UC rechazan la subida de tasas, eliminación de ayudas y la “campaña de criminalización” del Ministerio
El Consejo de Estudiantes de la Universidad de Cantabria (UC) apoya la huelga convocada este martes, 22 de mayo, en el ámbito educativo porque, según explica en un manifiesto titulado ‘Por una universidad pública y de calidad’, están en contra de la “campaña de criminalización” de la universidad y los estudiantes que, a su juicio, está llevando a cabo el Ministerio de Educación.
En el manifiesto rechazan la subida de tasas como “solución a los problemas financieros” de la administración pública y el “endurecimiento” de los criterios para obtener becas y que provocarán “una ruptura social”.
De igual modo, condenan la “eliminación” de ayudas en forma de préstamos renta para estudios de posgrado “sin plantear alternativa alguna” ni una “subida” de becas.
Con todo ello, desde el Consejo critican que el Ministerio este adoptando estos “recortes” y decisiones “unilateralmente”, sin contar con los agentes implicados, como rectores y estudiantes, y órganos como el Consejo de Universidades o el Consejo de Estudiantes Universitario del Estado.
Además, piden al ministro del ramo, José Ignacio Wert, que se “replantee” las medidas previstas y que incidirán, tal y como avisan, en “la fractura social que está creando esta crisis económica, dificultando el acceso a las enseñanzas universitarias y comprometiendo el futuro de los jóvenes y del país”.
“En un momento como el actual no se debe penalizar económicamente a los estudiantes y a sus familias” ya que son quienes están “sufriendo directamente la crisis”, subraya el Consejo, para negar que las universidades públicas sean “un gasto en vez de una inversión”.
En concreto, este colectivo se ha referido a la UC, y ha destacado que en el año 2009 contribuyó al aumento de la recaudación fiscal en la región en 192,1 millones de euros, lo que suponía el 170% de la cantidad que recibía del Gobierno. “La Universidad de Cantabria devuelve a la sociedad cántabra 2,7 euros por cada euro invertido”, sentencia el Consejo al respecto.
Añade que la rentabilidad media que obtiene la Administración por invertir recursos públicos en la enseñanza superior ofertada por la UC es del 7,3% en el caso de los diplomados y del 9,5% en el de los licenciados y graduados.
A ello se suma que el 21,4% del crecimiento total medio del último decenio de la economía de Cantabria es atribuible de forma directa e indirecta a la UC, según concluye el Consejo de Estudiantes.
Ya leí mi tesis, ¿y ahora qué?
Describen sin inmutarse el peor de los futuros. «Llevo cuatro años cobrando mil euros con una beca predoctoral. Y ahora que he presentado la investigación, me quedan menos de veinte días para irme al paro». Cientos de casos similares comparten en toda la universidad española la resignación de Marta Norah Sanz, uno de los premios Juan María Parés a la mejor tesis doctoral que otorga este año el Consejo Social del campus cántabro. Y en todos los casos el panorama es desolador. No han cumplido los 35 años, son los cerebros más prometedores del país, y meditan en una encrucijada con dos únicas vías: quedarse en España y malvivir con un sueldo que nunca será acorde a su valía, en un entorno en el que nunca serán lo suficientemente valorados, o huir a Europa. Porque el problema ya no solo es la crisis, que algún día pasará, sino esa extraña cuestión cultural española tan empeñada en ningunear al investigador. Y no parece que nada vaya a cambiar en el corto plazo.